México es uno de los países con las
tasas más altas de embarazo de adolescentes, según datos de la
OCDE, en el rango de edad de mujeres adolescentes entre 12 a los 19
años, la tasa de nacimientos en 1997 fue de 16.9 por ciento, para
2012 esta cifra aumentó a 19.4%, y para el año 2013, 467 mil
menores de 20 años se convirtieron en madres.
Estos
datos sustentan la urgencia de instrumentar una intervención
derivado de que el embarazo en las adolescentes ha pasado de ser un
problema de salud a un problema social en México, que ha traspasado
enfoque de la salud, por sus múltiples consecuencias.
Algunas
de estas consecuencias se traducen en la deserción escolar, el mayor
número de hijos/as, desempleo, fracaso en la relación de pareja,
ingresos inferiores de por vida como parte de los impactos
psicosociales de los embarazos en la adolescencia. Pero en materia
económica este problema es la puerta de entrada o un reproductor del
círculo de la pobreza que contribuye a perpetuarlo y a la
feminización de la pobreza, cuyas consecuencias alcanzan no sólo a
las mujeres adolescentes, también a su hijo/a, a su pareja, a su
familia y a la comunidad en general, de manera que incide en el
desarrollo social en general.
Incluso
el embarazo de adolescentes es considerado como una de las
situaciones que mejor evidencian las inequidades sociales, de
justicia y de género.
De
ahí la importancia de que el gobierno federal haya diseñado una
Estrategia Nacional de Prevención del
Embarazo de Adolescentes, de largo plazo,
que tiene como objetivo reducir la tasa de fecundidad entre jóvenes
de 15 a 19 años hasta en un 50% para 2030, y evitar embarazos de
niñas menores de 14 años.
Sin
duda un gran reto, que establece una alianza estratégica entre
instituciones del gobierno federal involucradas (Salud, Educación,
Desarrollo Social, entre otras) de manera que coordinadamente
establezcan intervenciones concertadas para su atención; pero que se
construye además, con las opiniones de las y los adolescentes, y
fundamentalmente, prevé la corresponsabilidad no sólo entre las
instituciones federales, también con el resto de los niveles de
gobierno, con los padres y madres de familia, profesores y
profesoras y fundamentalmente con las y los jóvenes de México, de
cara a la aplicación de una política nacional para enfrentar la
problemática social.
Destaca
que esta Estrategia Nacional de Prevención
del Embarazo de Adolescentes fue
formulada con perspectiva de género y derechos humanos. Ello
justamente permitirá que los hombres, reconozcan la responsabilidad
que adquieren al tener una vida sexual activa -como bien mencionó el
Presidente Enrique Peña Nieto- “Evitar embarazos no es sólo
responsabilidad de las mujeres, los varones también son
responsables” ello sin duda, constituye un paso más hacia la
erradicación de la cultura machista todavía tan arraigada en
nuestro país.
Ocho
ejes rectores y 90 líneas de acción conforman esta Estrategia
Nacional de Prevención del Embarazo de Adolescentes encaminada
a reducir el embarazo de adolescentes, que encuentra sustento en la
Convención de los Derechos Niño, en el Plan
Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018) y que
contribuirá a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
en el marco del Programa
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación
contra las mujeres 2013-2018
(PROIGUALDAD 2013-2018).
Bien
señalaba Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
en su reciente visita a México “No podemos permitirnos el lujo de
perder el potencial de una nueva generación de mujeres”
(Diciembre, 2014)
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