· Respeto al Código de Ética Legislativo
· Más que pactos de civilidad que se aplique la ley
Cualquier relación personal, profesional o institucional
requiere para su efectividad de respeto. Respeto a la persona, a la
responsabilidad y a la norma.
El inicio del presente año legislativo nos otorga una nueva
oportunidad para promover el diálogo y privilegiar la observancia de la
Ley. Las oportunidades inmediatas para demostrar disposición y madurez
son el próximo inicio de las campañas electorales, así como las
comparecencias de los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo del
Estado, como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno.
Coincido con la necesidad de blindar esta máxima
tribuna de intereses ajenos a los sociales. La única forma de
realizarlo, considero, es acatando puntualmente lo establecido por la
norma y no mediante acuerdos que redunden en su contenido.
En más de una ocasión hemos presenciado o sido objeto
de señalamientos por nuestras opiniones y propuestas, a pesar de estar
expresamente prohibido por la normatividad interna. Lo anterior, nos
lleva a pensar, por simple lógica, en que debemos esperar de la
observancia de un acuerdo, cuando una ley, aun teniendo el carácter de
obligatoria, no es respetada.
El artículo 38 de la Constitución Política del Estado establece que los Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su cargo. Por su parte el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo dispone la obligación de Diputados de
abstenerse de afectar o lesionar la dignidad de otro legislador durante
sus intervenciones en la tribuna o en cualquier acto oficial,
cuestión que comúnmente se violenta con señalamientos directos y
descalificaciones a la opinión cuando disiente de la propia, como fue el
caso durante la sesión solemne del pasado 15 de enero.
Las alusiones personales están prohibidas de acuerdo a lo establecido dentro del artículo 131 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, por lo que los oradores se dirigirán a los integrantes del Pleno sin otro tratamiento que el impersonal y nunca en forma directa.
Aquello, por mínimo que parezca para algunos legisladores, representa
una base indispensable para propiciar el dialogo y el entendimiento, por
lo que no debe seguirse permitiendo ni tolerando su transgresión.
Lo anterior, sumado a la existencia de instancias y
ordenamientos encargados de velar por la observancia de la legislación
electoral, hacen intransitable la firma de un acuerdo o pacto de
civilidad política que, más que para generar orden, pareciera un intento
para cooptar nuestros derechos y limitar nuestra voz, que es la voz de
los ciudadanos.
Sostengo, ningún acuerdo puede estar por encima de la
ley. Si en verdad existe disposición y voluntad política, aboquémonos y
respetemos su contenido.
Tal vez algunos no lo sepan, pero actualmente contamos con un Código de Ética Legislativa,
el cual norma nuestra conducta como legisladores con la finalidad de
mantener un comportamiento ejemplar apegado a derecho, e incluso, la Ley
Orgánica de este poder, cuenta con un Capítulo “De la Ética
Legislativa”, el cual nos impone la obligación de apartarnos en el
ejercicio de nuestro encargo, de intereses que no sean los sociales.
Compañeros Diputados, cada esfuerzo representa una
oportunidad para recuperar o deteriorar la confianza ciudadanía. El
ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que representa el
informe de gobierno era una oportunidad importante para conocer a fondo
sobre los temas de interés y preocupación social, sin embargo, se ha
optado una vez más por determinar un formato de comparecencias a modo
que, lejos de permitir el cuestionamiento amplio de las deficiencias del
gobierno, promueve la opacidad y la simulación.
Deseo sinceramente que nuestras participaciones se avoquen a
la mejora del ejercicio de gobierno, no a la complacencia y
complicidad. De igual forma, como un llamado atento y respetuoso a la
Presidencia de la Mesa Directiva, pido se haga valer el respeto a las
personas, a la ley y al recinto, y no se permitan señalamientos o
descalificaciones entre los Diputados, o por parte de alguno de los
comparecientes, como lamentablemente si ocurrió el año pasado.
La representación otorgada por los poblanos demanda
imparcialidad y objetividad, no servilismo. Espero que en nuestro actuar
prevalezca el respeto y la congruencia, que le apostemos a la
legalidad, Puebla lo necesita y lo merece.
Muchas Gracias.
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