Sin duda un hecho terrible
con el que iniciamos el año es el asesinato de Gisela Mota, a horas de haber
iniciado su mandato como Presidenta Municipal de Temixco, Morelos. Mujer joven
de trayectoria perredista y ex diputada federal.
Este hecho marca el reto
de las mujeres en la vida política del país.
En muchos momentos muchas
voces hemos intentado hacer visible la violencia política que se ejerce en
contra de las mujeres, incluso desde el mismo momento en que expresan su deseo
de participar.
A pesar de los muchos
esfuerzos de Senadoras y Diputadas en distintos momentos por incorporar en la
ley esta materia, se han presentado obstáculos y no ha podido lograrse.
Pero ¿Por qué consideramos
necesaria su inclusión? Justamente para prevenir hechos como el que acabamos de
mencionar.
María del Carmen Alanís,
Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se
refería con una claridad total a este tema en un reciente Seminario ofrecido en
el Instituto Nacional Electoral (INE) en el mes de octubre pasado.
Justamente por no haber
marco jurídico, todavía, construyó en base a los estándares internacionales y
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV), un concepto de Violencia Política enunciando:
“La violencia política
hacia las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que, basadas
en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las
prerrogativas inherentes a un cargo público.” Puede tener lugar en cualquier
ámbito tanto de lo público como del privado.
La Magistrada Alanís
señaló: “Puede ser simbólica, verbal,
patrimonial, económica, física, sexual, psicológica y puede efectuarse
por medio de las tecnologías de la información y/o en el ciberespacio” y “Puede ser perpetrada por cualquier persona y/o grupo de personas, por el
Estado o sus agentes, por partidos políticos, por representantes de los mismos
o por medios de comunicación y sus integrantes.”
También mencionó: “Puede
estar dirigida a un grupo o una
persona; a su familia o a su comunidad. De hecho, puede haber casos en que la
violencia se comete en contra de las mujeres como una forma de amedrentar o de
vulnerar a los hombres (a los esposos, hermanos, padres) o bien, puede suceder
que se cometan actos de violencia en contra de las y los hijos buscando afectar
a sus madres.”
Lo refiero, justamente por
la dimensión amplia en la que se mueve este tipo de violencia, que ha cobrado
la vida de mujeres y de muchos hombres también.
Si regresamos al asesinato
terrible de Gisela Mota, hay un elemento más, el municipio de Temixco está
incluido desde el mes de agosto, entre los ocho municipios que cuentan con una
declaratoria de Alerta de Violencia de Género por el alto índice de
feminicidios que se han cometido en ese municipio en los últimos años; ello
implicaría de entrada, haber implementado las providencias extras que debían
darse, para garantizar la seguridad al ocupar precisamente una mujer, la
Presidencia Municipal.
Sin duda ante este
terrible acontecimiento las mujeres debemos cerrar filas, no sólo aquellas que nos
dedicamos al servicio de lo público en cualquier nivel de representación.
Debemos exigir una debida diligencia en las indagatorias, una investigación eficaz
y el acceso a una justicia restaurativa y por supuesto, evitar su impunidad.
Tenemos la responsabilidad
de darle sentido a la muerte de Gisela Mota, que no sólo pasa por enfrentar la
amenaza del crimen organizado en contra de autoridades municipales.
Tenemos que seguir
impulsando que se legisle en materia de violencia política para que se combata y
entre tanto como bien lo ha comentado la Magistrada Alanís, que las autoridades
actúen en base a Protocolos.
Si lo queremos es
consolidar la democracia paritaria es obligado atender la violencia política.
Correo electrónico: rociog@prodigy.net.mx
Tuiter: @rgolmedo
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