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Pagan
hasta 10 mil pesos a funcionarios de casilla para que firmen las actas de
escrutinio apócrifas
El secretario jurídico
del CEN del PRI, Sadot Sánchez Carreño, presentó este sábado una denuncia ante
la Fepade, en contra de diversas personas y empresas que han falsificado
paquetes electorales y presionan y pagan hasta 10 mil pesos a funcionarios
electorales de comunidades en extrema pobreza, en el estado de Puebla, para
favorecer a los candidatos del PAN.
De acuerdo con la
denuncia entregada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, el representante jurídico del PRI pide a ese órgano investigador
realizar las pesquisas sobre la actuación del diputado local Jorge Aguilar
Chedraui, Eduardo Torres Chedraui, Eukid Castañón, Omar Blancarte Montaño, Juan
Ernesto Lemus Mijares, Rafael Castro Fernández Lara, Ángel Fernández Téllez Sánchez y Armando Prida.
Asimismo, de las
empresas Gibes Publicidad, Industrias Aranza, Logística Infraestructura
Empresarial en Diseño, Alegra y Litografía Magnograf, mismas que estarían
involucradas en los hechos.
Las acciones
ilegales de las que se les acusa consisten en que los acusados cuentan con
materiales electorales falsos, presuntamente elaborados por las empresas de
diseño e impresión, por órdenes de las citadas personas.
Las boletas
electorales falsas han sido cruzadas como votos favorables a los candidatos del
Partido Acción Nacional e introducidas en los paquetes que habrán de ser
entregados al concluir la jornada electoral de este domingo en los comités
distritales correspondientes.
Los paquetes falsos
ya integrados son acompañados por supuestas actas de escrutinio que asignan
número de votos para cada partido en donde siempre gana el PAN, mismas que se
presentan ante los funcionarios de las casillas en sus domicilios particulares
para que las firmen a cambio de cantidades en efectivo de hasta 10 mil pesos.
Sánchez Carreño
afirmó que para la realización de ese operativo se utiliza el relleno en forma
descarada de las urnas con las boletas falsas y el traslado de los paquetes se
realiza a través de vehículos de transporte público que controla el gobierno
del estado de Puebla.
El representante
priista exigió una investigación exhaustiva, a efecto de que, de encontrarse
responsables a las personas y empresas involucradas, se ejercite acción penal
en los términos establecidos por la ley.
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